Teniendo en cuenta el carácter de estructuración interna que tiene el Estado, abordaremos el tema de la justicia para con los más pobres. Esto nos permitirá mostrar el modo como el Estado ha venido evadiendo su responsabilidad con los más pobres entre sus ciudadanos, independientemente de si las causas de tal situación son internas o externas. Esta responsabilidad recae en el Estado porque es el que hasta ahora ha encarnado los valores de la justicia que lo sostienen y le dan legitimidad.
Tradicionalmente los pobres no han sido reconocidos como víctimas de algún acto de injusticia. No sólo no aparecen en la lista de personas que deben ser reparadas por el daño que históricamente se les ha causado sino que se les ve como beneficiarios y dependientes directos de los grandes dueños del capital en el mundo. Es como si lo poco que tienen se lo debieran agradecer a los ricos, quienes les han dado la posibilidad de conseguirlo al trabajar para ellos. Esta situación de invisibilidad de los pobres como víctimas es mucho más evidente en el ámbito internacional, donde no cabe pensar algún tipo de responsabilidad con ciudadanos de otros países. Si al interior de los Estados no son visibles, mucho menos en un ámbito en el que no se sabe de los pobres sino por estadísticas.
Este trabajo tiene dos partes fundamentales. En la primera hablamos de la pobreza como un fenómeno violento y evitable en el que se hace hincapié en que éste es un asunto de justicia, no de caridad; y por lo tanto debe ser abordado como tal. Todo esto para poder comprender, en la segunda parte del trabajo, la capacidad real que el Estado tiene a la hora de resolver este tipo de problemas. En la primera parte afirmamos que la exclusión es injusta y, si genera miseria, es aún peor. La pobreza en sí misma no es un problema grave pero hay tres características que la pueden convertir en una situación indigna para las personas y harían de la pobreza una violación clara a los derechos de cualquier ser humano: el que esta pobreza suponga un acortamiento de la vida, el que la pobreza suponga un sufrimiento y dolor por causa de la enfermedad y del hambre; y que impida llevar una vida digna y decente (Dower, 2004, p. 383). Dice el autor que normalmente estas características van unidas pero que efectivamente “un gran sufrimiento y humillación pueden no acortar la vida, pero sí hacerla terrible” (Dower, 2004, p. 383) es por ello que, como lo sostendremos a partir de la noción de florecimiento humano en un capítulo posterior, la pobreza extrema lleva lamentablemente a una pérdida de valor personal; afecta la auto percepción de las personas, anulando, muchas veces, su capacidad política y social y por ello es un mal, tanto moral como político. Un mal que puede y debe ser acabado.
Ha habido tradicionalmente dos ideas principales sobre la pobreza. Una primera visión es la que asocia la pobreza con la escasez; es decir, se es pobre porque no hay suficiente crecimiento económico. Una visión distinta es aquella que considera que aunque haya recursos suficientes, la pobreza se origina en un esquema estructural que genera problemas de subdesarrollo. Es decir, el problema real no es de escasez sino del limitado acceso que se tiene a los recursos debido a un modelo de desarrollo fundamentalmente excluyente (Cfr. Unceta, 2007).
Uno de los argumentos con los que se afirma la conveniencia del proceso de globalización es que se cree que tiene las condiciones para disminuir la pobreza al interior de los Estados; y se llegaba a la conclusión de que si la globalización era económicamente beneficiosa y que era “bueno para la economía” significaba lo mismo que “bueno en general” (Cfr. Singer, 2004, p. 68). Se hace alusión a los datos que evidencian el crecimiento económico de unos países, sobre todo en Asia. Ya cinco sextas partes de la población mundial están por encima de los requerimientos calóricos mínimos, es decir, pueden conseguir su propio sustento. Pero Stiglitz (2006) nos aclara que, salvo en China, la pobreza se ha incrementado a lo largo de estos últimos 20 años en los países en desarrollo.

Hay cuatro argumentos centrales en los que quiero insistir para fundamentar el problema de la pobreza como un problema de justicia y que tanto el Estado como sus ciudadanos deben enfrentar. Por un lado tenemos el argumento moral al que hace referencia Peter Singer. Si otra persona está en peligro de muerte y la posibilidad de salvarla está en mis manos tengo el deber moral de hacerlo y debería ser judicializado si no lo hago. Este es el sentido de corresponsabilidad que tiene toda la comunidad humana con la vida del otro. Es un asunto de deber y por ello genera obligatoriedad. Claro, habría que crear las condiciones para que jurídicamente también tuviera el carácter impositivo.

Un segundo argumento es el que la pobreza no es fruto de la voluntad de los dioses o de la suerte. Ha sido originada en un proceso histórico de despojo y exclusión, impidiendo que las personas actualmente sean lo suficientemente productivas y participativas para asumir el protagonismo político que la democracia exigiría.
Un tercer argumento por el que podríamos decir que es obligatorio atender el problema de la pobreza es que se requieren unas condiciones mínimas en términos económicos que sustenten la autonomía política del sujeto, característica central del modelo político democrático. No puede haber democracia mientras las condiciones económicas sean una posibilidad de manipulación electoral de los ciudadanos más pobres.
Un último argumento que es importante considerar es el esgrimido por Beitz y Pogge en sus distintas obras y por algunos otros. Ellos plantean una concepción global de la justicia distributiva. Proponen un esquema de distribución global de los recursos naturales y por ello quienes más recursos consumen deben compensar a aquellos que menos lo hacen.

DE LOS LÍMITES DEL ESTADO FRENTE AL TEMA DE LA POBREZA

El Estado tal como lo hemos concebido tradicionalmente en occidente ha venido sufriendo una serie de cambios importantes, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, debido a las mismas transformaciones que se han venido dando en la economía. Muchos hablan de la desaparición del Estado o de la pérdida de control al interior de sus territorios por parte de las instituciones y personas encargadas de gobernar. ¿Hay una pérdida real de soberanía?
A partir de la caída del muro de Berlín algunos llegaron a pensar, ratificando la visión weberiana (2011), que el capitalismo era el sistema adecuado para orientar el destino económico y político de la humanidad. Los nuevos desarrollos de la economía han venido mostrando la influencia de la economía de mercado en la definición del mundo actual y por ello se han venido dando una serie de transformaciones al interior de los Estado. Pero podríamos preguntarnos: ¿Cuánta capacidad tiene el Estado de actuar de manera autónoma a pesar de la influencia de todo el capital privado nacional e internacional? ¿Es posible que los Estados nacionales fortalezcan las redes regionales y con ello su gobernabilidad? ¿Hay condiciones nacionales y/o internacionales que les permita a los ciudadanos organizados acceder a ciertos espacios de poder e influencia?
Esta nueva realidad internacionalizada muestra los distintos procesos en los que las economías mundiales se entrelazan, generando interdependencias y con ello flujos constantes de bienes y servicios. Esto ha implicado que el Estado, tal y como lo conocemos, haya venido perdiendo el control total de su economía y con ello se haya trastocado el papel que venía desempeñando en el desarrollo de las economías nacionales. Esta es una fisura importante en el poder soberano existente al interior de los territorios nacionales. Ya Keynes veía que la combinación del libre comercio con la libre circulación de capitales nacionales reduciría la capacidad de los Estados para decidir su propio destino. De todos modos, el Estado supondría el postulado principal del actual concepto actual de orden (Held, 1997, p. 117)
David Held y Charles Beitz coinciden en reconocer que los Estados nacionales, a pesar de los avances en el derecho internacional, en sus relaciones comerciales y políticas, buscan su propio interés, sin tener en cuenta las consecuencias para los otros países. Ello ha hecho que los términos en los que se está desarrollando este proceso de internacionalización de la economía no funcionen democráticamente y que las ventajas de los acuerdos comerciales vayan más en función de satisfacer los intereses de las grandes empresas y las grandes potencias. Es así que las relaciones internacionales actuales y el sistema interestatal que prima hoy guardan poca relación con los principios democráticos de cualquier organización democrática y social (Cfr. Held, 1997, p. 100). La explicación a este fenómeno la encontramos en Beitz (1979) quien considera que, en principio, los Estados no están sujetos a ningún tipo de imperativos morales internacionales que estén por encima de los intereses nacionales. Los Estados defienden el interés nacional, ya que cada Estado es un orden político separado y no existe ninguna autoridad común sobre ellos (Beitz, 1979, p. 25). Pero es importante saber que los temas que tienen que ver con la defensa, las comunicaciones, la economía, etc., están potencializados en procesos de interacción internacional y por ello se hace necesario recurrir a las distintas maneras de cooperación global que posibilitan un control legal y político de estos procesos globalistas; porque la creencia en que el mercado y de manera especial el mercado global, se puede autorregular, no deja de ser ingenua. Ya se han venido mostrando las tendencias monopolísticas en la industria y el comercio.