El modelo neoliberal implementado en nuestro país hace casi 30 años, cuenta con un marco jurídico que incentiva la participación privada en diferentes ámbitos económicos, como la privatización de empresas y servicios públicos, la concesión de recursos naturales, y en la actualidad bajo licencia de algunas ordenanzas y dispositivos municipales, pretende gestionar los espacios públicos de la ciudad, considerando que el Gobierno Local encargado por mandato legal de proteger, conservar, mejorar y recuperar los espacios públicos no cuenta con recursos ni presupuesto para hacerlo eficientemente, convirtiéndose los espacios públicos en lugares inseguros e insalubres donde pulula la delincuencia, para revertir este fenómeno, las empresas privadas mediante coordinación previa con las municipalidades pretenden invertir sus capitales para generar una dinámica comercial que intente beneficiar tanto a la comunidad como a la empresa.
Bajo ese contexto se posicionaron inicialmente algunos servicios privados, que estaban confundidos dentro de los espacios públicos, para luego proliferar por toda la ciudad, desde pequeños puestos de expendio de comida, canchas deportivas, piscinas y hasta parques temáticos dentro de los parques públicos, que restringían el acceso a los ciudadanos, para dar exclusividad a sus clientes, generando discrepancias entre los vecinos y la empresa, para posteriormente desencadenar en conflicto contra las autoridades municipales que defendían los acuerdos establecidos con los privados; un caso emblemático suscitado en el año 2017, fue el intento de concesión de una fracción del parque Manhattan, ubicado en el distrito de Comas (Lima - Perú) a la empresa de Supermercados Peruanos, que pretendía concesionar siete mil metros cuadrados de áreas verdes, mutilando el parque durante 40 años, compromiso aprobado bajo un Acuerdo de Consejo de la Municipalidad de Comas; sin embargo se tuvo que desistir del intento de concesión por presión de los vecinos de la zona, colectivos sociales y ciudadanía en general que se articularon durante varios meses en torno al parque para preparar la estrategia de resistencia, que se basó en la protesta ante los funcionarios municipales, el litigio jurídico mediante la convocatoria de las instituciones contraloras del Estado, y la valorización ambiental, recreativa y educativa que tiene ese espacio público, haciendo actividades comunales como ferias, campeonatos, pasacalles, etc.
Para la realización del artículo, se utilizó la metodología de investigación cualitativa, basada en la recolección de datos periodísticos, documentales y jurídicos del hecho, la revisión de literatura especializada sobre la temática del derecho a la ciudad, movimientos sociales y ciudadanía, la realización de entrevistas a los principales protagonistas implicados en el caso del parque y la técnica de observación participante utilizada en reuniones y actividades desarrolladas por los involucrados.
Por último, damos a conocer las conclusiones del artículo, que giran en torno a dos aspectos importantes, el primer aspecto es el rol que debe de cumplir el Estado, como administrador de los espacios públicos, los cuales tienen carácter de intangible, inalienable e imprescriptible, por lo que no se puede entregar mediante acuerdos de concejo u ordenanzas en concesión a las empresas privadas que lucran a costa de la ciudadanía; el segundo aspecto es la revaloración de los espacios públicos por parte de la ciudadanía, estos ya no cumplen solo una función meramente ambiental, paisajista y recreativa, sino que vuelve a desarrollar su primigenia función política dentro de la comunidad, ya que territorialmente es el punto de encuentro que permite la reunión de los vecinos, colectivos sociales y ciudadanos en general para la organización, discusión o toma de decisiones sobre asuntos inherentes al espacio público en disputa, aunque en algunos ocasiones las reuniones pretenden trascender el problema coyuntural y problematizar sobre otros aspectos de la comunidad, no consiguen tener la misma cohesión e involucramiento inicial, a pesar de ello, las nuevas contradicciones ya han despertado una nueva forma de organización social contra las empresas privadas por la defensa del espacio público.