El proyecto de transformación llevado adelante en las décadas anteriores por los gobiernos latinoamericanos denominados neopopulistas o postneoliberales enfrentó la oposición manifiesta de los medios de comunicación de propiedad concentrada. En el caso ecuatoriano, esta disputa entre el gobierno y “la prensa” tuvo varios hitos importantes, como la sanción de la Constitución de 2008 que, por primera vez, reconoció derechos ciudadanos vinculados a la comunicación, y el debate de la Ley Orgánica de Comunicación, en la cual se dispuso terminar con el monopolio de los medios de comunicación de titularidad privada.
En momentos en los que se habla del "fin del ciclo progresista" en la Región, y a algo más de un año de asumido un gobierno que, aunque nacido del partido que gobernó el país por 10 años, implementa un programa político que ha recibido el beneplácito de los sectores de la economía concentrada, en este trabajo procuramos analizar el posicionamiento convergente que registraron, a partir de 2015, la "gran prensa" ecuatoriana y los exponentes más representativos de la oposición de derecha y de izquierda en el país, en pro de la justificación política de la paulatina cooptación de las instituciones de control público que se ha producido durante el primer año de gobierno de Lenín Moreno Garcés.
A través del análisis de un corpus integrado por 2300 piezas informativas y de opinión publicadas entre los años 2015 y 2017, en tres diarios de circulación nacional, tres portales informativos electrónicos y tres canales de televisión con cobertura nacional, se puso en evidencia la operatoria de verdaderas redes de connivencia (Halimi 1998), o de colusión (Halimi 2005) de las que participan las empresas mediáticas, sus empleados jerárquicos y una serie de actores del sistema político.
Este accionar colusorio se tradujo en un proceso sostenido y sistemático de deslegitimación de la institucionalidad electoral y de autoridades de control como la Fiscalía, Contraloría General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana que tenía como finalidad -tal como se ha comprobado en los últimos 15 meses- la anulación de toda resistencia ciudadana al vaciamiento, a la cooptación y a la designación “a dedo” de funcionarios afines a las cámaras empresariales.
Mediante el recurso a datos sin verificación, y consiguientemente sin sustento fáctico, desde estas redes se dio paso al priming, o preactivación (Aruguete 2015) de la inminencia del fraude en las elecciones presidenciales, un año antes de su realización. Esta “información” fue utilizada, posteriormente, por los candidatos perdedores para cuestiona la legitimidad del nuevo gobierno y ejercer presión sobre él. Es importante señalar que, pese a que el pretendido fraude tuvo una enorme cobertura en medios de comunicación nacionales e internacionales, no se realizó denuncia formal alguna y nunca se exhibió ninguna documentación respaldatoria.
En segundo lugar, se construyó una compleja agenda de atributos (McCombs 1994) sobre los organismos de control y sus funcionarios responsables, para lo cual se pusieron en marcha cinco procedimientos principales: la ventriloquía, es decir la asunción por parte de periodistas y medios, de la voz y los dichos de las fuentes, sin contrastación alguna; la negativización (Ansolabehere e Iyengar,1995; Castromil 2012; González y Chavero 2013), la editorialización de la información, la circulación circular (Bourdieu 1999) de fuentes informativas y la “cita cruzada” entre medios.
De las piezas periodísticas analizadas se desprende que, en Ecuador, se pasó de una estrategia de desgaste, basada en años y años de coberturas periodísticas parcializadas y de titulares tendenciosos (Fortes 2014, Goldstein 2016), a la maniobra lisa y llanamente destituyente.
A partir de la acción concertada de grandes medios con actores políticos opositores al gobierno del expresidente Rafael Correa, dos años antes de que terminara su mandato se buscó instalar una retórica de denuncia que ahora fructifica en la legitimación de ciertas acciones controvertibles, emprendidas por el nuevo gobierno frente a la institucionalidad heredada.
La operatoria de estas redes de connivencia político-mediática constituye, por lo dicho, una interesante forma de paralelismo político (Hallin y Mancini 2004) que parecería caracterizar el papel que están cumpliendo los medios de comunicación empresariales en la reinstalación de gobiernos conservadores en la Región.