Colombia ha sido un escenario prolífico de oportunidades para la guerra. Por siglos, los hijos de esta tierra se han masacrado en nombre de dualidades insipientes que marcan no solo ideologías simplistas, si no también odios infundados por externalidades a nuestro territorio. Nuestras raíces más locales y más puras se diluyen en un sinfín de conquistas y eventos coloniales que nos privan de lo que realmente fue nuestro, y nos invitan a creer en aquello que nunca lo fue.
Estas dualidades y conflictos alimentaron lo que históricamente hoy es denominado como el conflicto armado colombiano. Un acápite del legado latinoamericano cuyos aportes al mundo se traducen en miles de campesinos asesinados, decenas de masacres, manipulaciones mediáticas y más de sesenta años de destrucción.
Esta destrucción, cuyo origen puede rastrearse generalmente a mediados de los años cincuenta como producto de las inequidades sociales y las amplias brechas de igualdad social entre los contextos urbanos y rurales colombianos de la época, desencadenaría masivos desplazamientos forzados de población campesina hacía las grandes ciudades durante las últimas décadas del siglo pasado. Es durante los ochentas y los noventas que los conflictos rurales incentivan a los campesinos colombianos a propender por su supervivencia en otros escenarios, los cuales asumían ellos podrían ser sinónimo de protección institucional y apoyo gubernamental, factores comúnmente asociados a las grandes capitales urbanas. Pero la ciudad latinoamericana moderna guarda suficientes complejidades para desestimar las apuestas de aquellos que hoy en día se pueden considerar hijos de la guerra.
Por un lado, el gobierno colombiano desestimó por cierto tiempo las capacidades y alcances bélicos del conflicto, y subestimó la capacidad de incidencia que ostentaban las guerrillas en el campo y sus fronteras indomables. Por décadas se asoció a las guerrillas con movimientos terroristas sin fundamentación alguna, pero con el trasegar del tiempo y una innegable necesidad de alcanzar la paz para el pueblo colombiano, los gobiernos y administraciones tuvieron que verse en la tarea de reconocer la escalada del conflicto, y aceptar su naturaleza como tal en función de procurar la paz para un país que a díe de hoy aun no tiene claridad sobre cuántos muertos y desaparecidos dejó la guerra.
Las instituciones de ciudades como Medellín, Cali, Bogotá y otras no aguantaron la presión social y el sinfín de víctimas que fungían por la persecución de su supervivencia dentro de estos centros urbanos. En un sentido estrictamente funcional, no había abasto para cubrir ni presupuestalmente, no socialmente, o infraestructuralmente a la cantidad de personas que arrimaron a estos territorios.
En miras de la situación anterior, las personas que llegaban a las terminales de transporte se enfrentaban a la realidad de que solicitaban respuestas de un gobierno que no poseía la capacidad para reconocer sus historias, o darle respuestas a sus situaciones victimizantes. Siendo así el panorama, líderes y lideresas comunitarias que venían de escenarios rurales que demandan la iniciativa de sus actores para sobrevivir, comenzaron a gestar en ciertos escenarios de la ciudad (primordialmente laderas y terrenos baldíos) oportunidades de habitabilidad autoconstruidas. Estas oportunidades se manifiestan en barrios socialmente construidos, cada uno con sus propias particularidades y elementos historiográficos meritorios de radiografías relevantes para el reconocimiento de sus luchas y logros en el marco de la supervivencia urbana como respuesta al conflicto colombiano.
Las ciudades colombianas se encuentran repletas de relatos similares. No obstante, dada la longevidad del conflicto y de las estrategias de supervivencia empleadas por quienes lo vivieron directamente, hoy como sociedad y pueblo colombiano nos encontramos ante un nuevo dilema. La memoria histórica de estos logros se deteriora con el pasar del tiempo. Los supervivientes han migrado o se han reincorporado a otros circuitos de las ciudades, y sus legados de resistencia ante la guerra que vio su fin durante el año 2017 se difuminan en las junglas de cemente.
Resulta fundamental reconocer las luchas y los logros que se cosecharon en estos relatos, en función del reconocimiento de la deuda sociohistórica del gobierno colombiano para con sus ciudadanos y campesinos y del reconocimiento de los esfuerzos comunitarios nacidos de una ruralidad resiliente, activa y crítica que se rehusó a ser dada de baja.
Este reconocimiento se traduce en una labor apoteósica dada la magnitud del conflicto armado y la cicatriz que este deja en Colombia, pero por esa misma razón la revisión de casos individuales no pierde merito, y por el contrario ayuda a tejer una pintura de las narrativas urbanas modernas de las ciudades colombianas. Este ejercicio se ha venido gestando desde diferentes aristas de la sociedad, desde encuentros y ejercicios por mantener la memoria barrial viva, a reconocimientos públicos por parte del gobierno, e incluso procesos de educación popular cuyo fin contempla el fortalecimiento de ciudadanías políticas, críticas y con capacidad de lectura introspectiva en comunidades específicas, dependiendo del contexto puntual que demande cada intervención.
En el presente artículo se realiza un ejercicio apreciativo a los procesos que han venido cosechándose recientemente en Medellín, en función de los procesos de educación popular que han consolidado apuestas de reconocimiento comunitario y de construcción de memoria barrial, al igual que sus desafíos, retos y logros en el marco del posconflicto colombiano y de la compleja relación entre el gobierno y la sociedad civil en los barrios de la ciudad.