Las diversas perspectivas sobre el derecho a la educación están estrechamente vinculadas con los sentidos que se construyen en torno a la educación en el marco de un proyecto más amplio de sociedad, con el papel que asumen el Estado y la sociedad en la generación de condiciones para la materialización de ese derecho y en las disputas históricas que fueron configurando el campo de la educación.
A partir del cambio de siglo, el enfoque de derechos cobró nuevo impulso cuando se abrieron nuevos horizontes en el escenario latinoamericano. Los gobiernos caracterizados como "democrático populares", "progresistas" o “posneoliberales”, que asumieron en varios países de la región impulsaron una reorientación de las políticas que habían sido hegemónicas durante las décadas anteriores. El denominador común de la mayoría de estos gobiernos fue la relativamente amplia oposición al consenso político reformista de ajuste estructural y la recuperación de la centralidad del Estado en la implementación de políticas más “inclusivas” incorporando en las agendas el enfoque de los derechos humanos. Más allá de las diversos análisis sobre los procesos abiertos con los gobiernos democrático-populares, sin lugar a dudas América Latina es la región en la que se han ensayado con mayor intensidad y extensión políticas y propuestas heterodoxas a través de las cuales, y en confrontación con las políticas neoliberales de la década del ´90, se propusieron reparar los profundos daños que las mismas causaron en todas las esferas de la vida social.
Impulsado por políticas públicas basadas en un enfoque de derechos y por el aumento de la inversión educativa, asistimos a un proceso de inclusión de sectores históricamente excluidos del sistema, a través de la extensión de los años de obligatoriedad en muchos países de la región, de la creación de escuelas y universidades en el sector público, del desarrollo de políticas socio educativas para acompañar las trayectorias de los estudiantes y de la implementación de propuestas alternativas a los formatos tradicionales. El proceso de expansión de la escolarización durante la primera década del Siglo XXI, de acuerdo con los datos de SITEAL (2015), se caracterizó por la ampliación de las trayectorias escolares de los niños, adolescentes y jóvenes. Si bien las brechas disminuyeron, las desigualdades en el acceso a la escuela no se revirtieron durante la década.
En los últimos años, a partir de la asunción de gobiernos de derecha por la vía democrática, como en el caso de Argentina, o de un golpe, como en el caso de Brasil, una agenda regresiva en términos económicos, políticos, sociales y culturales, comenzó a configurar un nuevo escenario en la región, en el que se observan importantes retrocesos en materia de derechos, entre ellos el derecho a la educación.
En Argentina, la asunción del gobierno de la alianza “Cambiemos” a fines del año 2015 trajo aparejado un cambio de rumbo en la orientación de las políticas implementadas durante los años 2003-2015. En ese período, no sin dificultades y limitaciones, se sancionaron una serie de leyes y se impulsaron desde el gobierno nacional diversos programas tendientes a superar la fragmentación del sistema educativo, a dar respuesta a los problemas generados o agudizados por la implementación de la reforma educativa de la década del ´90, y a generar las condiciones para el desarrollo de procesos denominados de “inclusión” social y educativa. Con el cambio de gobierno, de la mano de funcionarios provenientes del sector privado y CEOs de empresas, se inició un proceso de transformación basado en los principios de Nueva Gestión Pública y en viejas y nuevas formas de privatización “de” y “en” la educación argentina. Se busca acoplar el sistema educativo a las demandas del mercado y abrir el campo educativo a los negocios del sector privado, así como promover un modelo de evaluación y estandarización alejados de cualquier concepción de la educación como derecho.
En el presente trabajo analizamos este proceso junto con las resistencias que desarrollan diferentes sectores sociales frente a lo que se visualiza como un retroceso en términos de la materialización del derecho social a la educación.