La desaparición forzada ha sido una forma de violencia empleada contra la humanidad desde las guerras mundiales; prueba de ello fueron los juicios de Núremberg, aunque algunos autores se remontan a las prácticas de desaparición empleadas por la URSS. En latinoamérica, esta práctica estuvo ligada a la represión de las dictaduras militares, sin embargo, en Colombia, los registros, evidencian que la desaparición forzada ha tenido una genealogía determinada por los acontecimientos políticos y sociales propios de diferentes épocas, que se ha transformado dependiendo del contexto. El Centro Nacional de Memoria Histórica ,en adelante CNHM, en su informe Hasta encontrarlos, describe las tendencias que ha tenido este delito en Colombia y su relación con el conflicto armado, resaltando que entre los años 1970-1981, esta práctica, surge como respuesta contrainsurgente del Estado y los grupos paramilitares ante la conformación de las guerrillas; en el periodo 1996–2005, se empleó con el fin de sembrar terror y ejercer pleno control sobre el territorio por parte de grupos paramilitares; y finalmente en el periodo 2006 – 2016, se destaca la privatización de este fenómeno por parte de grupos armados paramilitares que se desmovilizaron a partir de un proceso de indulto liderado por el gobierno nacional. En este contexto, Norte de Santander, un departamento ubicado al nororiente de Colombia que limita al norte y el Este con Venezuela, se destaca como un territorios en donde se ha evidenciado el aumento de víctimas de este delito dado su carácter fronterizo, siendo este uno de los atractivos para el asentamiento de estructuras paramilitares que ven en este territorio, un lugar estratégico para el desarrollo de sus actividades ilegales, relacionadas con el tráfico de cocaína hacia Europa y Estados. En esta zona, según el texto Tantas Vidas Arrebatadas, (ONG de Cúcuta), se han implementado diferentes prácticas de desaparición forzada. En alguna de ellas, los victimarios arrojaban los cuerpos a fosas comunes, cementerios oficiales e ilegales, a los ríos, o a basureros e incluso se crearon hornos crematorios para la incineración de los cuerpos. Esta estrategia, como lo señala el CNHM fue usada para reducir los altos índices de violencia y “disimular” las tasas de homicidio que se presentaban en la región. Desde el 2003, se empieza a evidenciar una modalidad denominada desaparición forzada transfronteriza (término acuñado por una ONG ubicada en Cúcuta, que proporciona acompañamiento jurídico a los familiares de víctimas de este delito) el cual consiste en desaparecer colombianos y trasladar sus cuerpos a fosas comunes en territorio venezolano con el fin de obstaculizar los procesos judiciales y de búsqueda de los desaparecidos por parte de sus familiares. Esta modalidad ha sido exclusiva de esta zona de frontera y es muy poca la documentación que sobre ella se ha generado. Dado lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo central profundizar sobre el fenómeno de la desaparición forzada transfronteriza y establecer cómo las acciones de documentación y denuncia han contribuido a la construcción de memoria como medida de reparación a las víctimas de este delito, considerando que es una práctica vigente en esta zona del país caracterizada por las nuevas dinámicas de la violencia asociadas a tráfico de drogas, economía ilegal y contrabando propias de zonas fronterizas. Para ello, se definieron cuatro categorías de análisis: 1) desaparición forzada, fundamentada en los diferentes instrumentos jurídicos y normativos en el sistema universal e interamericano de los derechos humanos, así como en el marco normativo colombiano. Este enfoque se contrastó con la postura crítica de Gabriel Gatti, quien entiende la desaparición forzada como una catástrofe social, que no se reduce exclusivamente a un marco normativo internacional, sino que tiene sus propias particularidades. 2) El concepto de denuncia elaborado desde la sociología de la crítica por Luc Boltanski, quien explora cómo la denuncia de una injusticia puede llegar a ser admisible o normal y cómo lograr la vinculación de un colectivo a una causa, delimitando varias categorías y/o tipos de denuncia. 3) Memoria desarrollada a partir del planteamiento de Reyes Mate quien delimita una relación entre justicia y memoria y al hacerlo, traza el interrogante ¿qué significa hacer justicia a las víctimas? Sus reflexiones establecen que “hacer justicia a las víctimas del crimen significa reconocer una deuda no reparable respecto a ella [que] debe mantenerse”. (Reyes Mate, 2012, p. 105). Es el reconocimiento, traducido en memoria, “lo que da existencia a la injusticia pasada. 4) El desarrollo de esta categoría permitió abordar el concepto de reparación simbólica. Para ello, se tomó como referencia a Graciela Guilis quien establece que la reparación, aún la simbólica, solo es posible cuando se ha hecho justicia y en donde ésta además de ser un acto de justicia, atenúa considerablemente el sufrimiento de la víctima. A nivel metodológico, la investigación tuvo como fundamento investigativo un enfoque bimodal que, desde la perspectiva de Sampieri (2010), implica la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. En la fase cuantitativa, se consolidaron y analizaron datos sobre desaparición forzada transfronteriza, recolectados por la ONG de Cúcuta los cuales fueron también comparados y triangulados con otras fuentes. En la fase cualitativa, a partir de un enfoque fenomenológico, se empleó la entrevista semiestructurada y la revisión documental como instrumentos esenciales de recolección de información, considerando, además, el enfoque de acción sin daño y de sensibilidad a los conflictos. Entre los principales hallazgos de este proceso de investigación se encuentran:
Se estableció que la zona fronteriza de Norte de Santander (Colombia) y el Estado Táchira (Venezuela) ha sido históricamente un territorio en disputa por diferentes actores armados entre ellos grupos guerrilleros y paramilitares. Estos últimos tenían como objetivo desterrar de la zona a las estructuras guerrilleras y ejercer total control sobre el negocio del narcotráfico. De esta manera, en el marco del conflicto armado colombiano, se agudiza la violencia y se emplea la desaparición forzada como herramienta para silenciar a la población que ideológicamente, pudiera estar en contra de sus intereses.
En el año 2004, se inicia un proceso de desmovilización paramilitar durante el cual, los integrantes de estos grupos, entregaron sus armas a cambio de una condena mínima. Al poco tiempo, se empiezan a gestar nuevas estructurales delincuenciales conformadas en gran parte, por desmovilizados lo cual desató una amplia discusión sobre la manera de caracterizar a estos grupos. Hacia los años 2008 y 2009, se fortalecen estas estructuras con el objetivo de disputar el lucrativo negocio del control del contrabando y las rutas del microtráfico. En este contexto, continúan ejerciendo la desaparición forzada transfronteriza, lo cual evidencia un nuevo paradigma en la conceptualización de esta práctica, ya que la reconfiguración de las dinámicas de conflicto durante el periodo 2006-2016 en esta zona de frontera, a partir de la reorganización de grupos armados ilegales posteriores al acuerdo de desmovilización paramilitar, transformaron: 1)los perfiles de las víctimas pues pasaron de ser campesino, líderes sociales y estudiantiles y sindicalistas, a ser jóvenes inmersos en el negocio del contrabando, 2) intencionalidades de los perpetradores de esta práctica, pues éstas ya no buscaban aniquilar la oposición política sino desaparecer a quien interfiriera en el desarrollo de sus actividades ilegales, 3) el perfil del victimario: en este aspecto se evidencia que hubo apenas una reconfiguración semántica que en la actualidad es motivo de discusión. De esta manera, fue posible establecer un paralelo entre el caso de la frontera entre Colombia y Venezuela con casos de desaparición registrados en México en los estados de Tamaulipas y Coahuila, frontera con Estados Unidos, regiones con estadísticas alarmantes de desaparición forzada, donde esta práctica se desligó también de lo político y se transformó en un mecanismo de terror empleado por los grupos armados ilegales y carteles del narcotráfico para salvaguardar sus intereses económicos.
Es necesario precisar que estos casos de desaparición forzada transfronteriza fueron conocidos a través de acciones de documentación y denuncia realizados por los mismos familiares de las víctimas y ONG´s de la región. Estas acciones se han materializado no solo en la construcción de bases de datos con los relatos de las víctimas, sino también en prácticas que han permitido trasladar estos hechos desde el ámbito privado a los escenarios públicos a través de plantones, movilizaciones, protestas, denuncias en medios de comunicación, actos simbólicos como fotografías, flores, camisetas estampadas. El proceso analizado desde los presupuestos de Boltanski, permitió inferir que la denuncia parte de una demanda de justicia que requiere de un colectivo para que sus demandas sean legitimadas y escuchadas por el resto de la sociedad, pero también desde los estudios de memoria, estas acciones, permiten evocar y mantener vivo el recuerdo de los seres queridos. Finalmente, fue posible comprender que el punto de encuentro entre la denuncia y la memoria es la justicia. Desde la sociología de la acción, la justicia busca tener efectos prácticos en términos de legitimidad de la denuncia y la judicialización del crimen, mientras que, desde una concepción filosófica, la justicia en el ámbito de la memoria representa una reivindicación, una visibilización del pasado y una lucha contra el olvido. En este escenario la reparación, para las víctimas solo es posible en la medida en que el Estado disponga todos los mecanismos, para que lajusticia desde estas dos miradas, pueda materializarse.