La temática de la energía, su uso, disponibilidad y comercialización, atraviesa el debate nacional e internacional con singular intensidad por estos tiempos, precisamente porque acompaña las transformaciones que el sistema ha atravesado en los últimos 20 años agudizadas por procesos tales como la financiarización, la crisis del dólar y la emergencia de nuevos circuitos de intercambio y transacción (criptomonedas), la llamada digitalización y revolución tecnológica, la militarización de los territorios, la reorganización del trabajo, entre otros.
Dichas transformaciones constituyen el marco general de los avances, las nuevas búsquedas y las peleas por el control de la energía a nivel mundial.
Frente a esta situación ¿Qué lugar ocupa América Latina y, en particular, nuestro país?
América Latina se ubica dentro del sistema energético mundial entre las regiones principalmente productoras de energía, gracias a sus reservas de hidrocarburos, al enorme potencial hidráulico, a la riqueza de su suelo y disponibilidad de agua que le permiten producir alimentos para un número exponencialmente mayor de habitantes que el que cuenta su población, al desarrollo de los agrocombustibles, pero fundamentalmente, gracias a su papel histórico en la división internacional del trabajo de exportador de materias primas.
Nuestro país no se encuentra exento de esta situación. La política energética desarrollada por la Alianza Cambiemos desde fines del 2015 hasta la fecha, ha implicado fuertes Tarifazos que impactan vigorosamente en el sector PYME, comercial y en el poder adquisitivo de la clase trabajadora; incluyendo, además, la entrega de patrimonio de empresas estatales, el desfinanciamiento de sectores estratégicos como el nuclear, entre otras acciones que dejan entrever los intereses en cuestión.

Como Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO) comprometido con el desarrollo nacional se ha realizado un seguimiento sobre la política nuclear llevada a cabo en Argentina en los últimos años.
En el año 2006 el Gobierno de Néstor Kirchner relanzó el Plan Nuclear Argentino en el marco del Plan Energético Nacional (2004-2019) que si bien su objetivo principal era el de incrementar la oferta de suministro eléctrico del país, diversificando la matriz pertinente; se contemplaron otros ejes de acción tales como: la aplicación de la tecnología nuclear a la salud pública, al agro y a la industria nacional y la investigación y el desarrollo científico; con el fin último o primordial de colocar a la Argentina entre las naciones líderes en materia de desarrollo de tecnología nuclear y su aplicación con fines pacíficos.
Ahora bien, el inminente congelamiento/parálisis que está sufriendo, nuevamente, trae consecuencias no solo para los actores propios de la industria nuclear nacional, sino que también tiene su correlato en sectores periféricos vinculados y en la región latinoamericana.
En primer lugar, podemos mencionar el impacto que trae aparejado, sobre el trabajo argentino la postergación/cancelación de Atucha III y IV, ya que las centrales nucleares emplean una persona por mega watt instalado en forma directa y genera miles de puestos de trabajo en forma indirecta. La industria nuclear es definida como una industria industrializante, por lo tanto, al desactivar los nuevos proyectos del sector indirectamente se desactiva el entramado industrial que convive alrededor de estos desarrollos. Ejemplo de ello, es el proceso que vivió nuestro país con la reactivación de la construcción de Atucha II, donde se recuperaron las capacidades nacionales, como recursos humanos, infraestructura, contratistas y proveedores, para el diseño y construcción de centrales nucleares.
Asimismo, las políticas de ajuste y desactivación no hacen más que fomentar el éxodo de aquellos jóvenes especializados y formados hacia países donde la industria nuclear se desarrolla fuertemente, perdiendo de esta manera recursos humanos altamente capacitados.
En segundo lugar, la decisión de “CAMBIEMOS” en desactivar la construcción de nuevas centrales nucleares de potencia, impacta directamente en el medio ambiente, porque deberá cubrirse la generación nucleoeléctrica proyectada-sin emisión de gases de efecto invernadero- con generación térmica a base de gas, ya que las energías renovables no convencionales (eólica y solar) no son capaces de sustituir la potencia firme de las centrales nucleares por ser intermitentes. En consecuencia, aumentará la importación de gas para producción de energía eléctrica.
En relación al punto anterior, la misma decisión conlleva a impactos en la composición de la matriz energética nacional que a la fecha está compuesta por: 61% fósiles; 33% hidráulica; 5% nuclear; 1% solar, eólica, biomasa y geotérmica. La generación nucleoeléctrica representa hoy un poco menos del 6% de la generación de electricidad en el país, y se esperaba que la construcción de la Cuarta y la Quinta Central llevará este porcentaje a un valor más aproximado al promedio mundial, que es el 10%.
Por último, Argentina, junto a Brasil, es líder en materia de políticas y desarrollos nucleares en América Latina. Su contribución y cooperación con los demás países de la región en materia de formación de recursos humanos, en proveer reactores de investigación, radioisótopos de uso medicinal, industrial y agropecuario y demás asesoramiento, ha sido y es sumamente relevante. Asimismo, su continuidad por más de 60 años lo ha convertido en un actor preponderante en el sector nuclear a nivel mundial, participando con un alto protagonismo en todos los foros nucleares. Por lo que cabría preguntarse qué impactos puede ocasionar en la región y en el mundo la paralización del plan nuclear nacional.