Los cuestionamientos entorno a la conducta o comportamiento seguido por un individuo y su interacción con los demás miembros de una comunidad o los elementos de su entorno; en específico, con el medio ambiente natural, no son sólo una comprobación de la existencia de diferentes tipos de relaciones (i.e. hombre-hombre y hombre- naturaleza) que albergan aspectos morales, sino que renuevan la importancia de realizar un análisis de los valores o elementos éticos que los orienta. Luego, surge el interrogante: ¿cuál es la postura seguida por una ciencia social, como la Economía, frente a estos aspectos del ser humano?. En particular, ¿cómo la Economía establece debe ser la relación hombre (agente económico) – naturaleza?.

La Economía, de acuerdo con su “objeto de estudio, [es definida] como aquella [ciencia] que estudia los fenómenos sociales (o relaciones sociales) que ocurren en los procesos de producción y distribución del producto social” (Cuevas, 1993, p. 5). Luego, se sigue, que la Economía está centrada en el análisis de la relación, de tipo social, que establecen los individuos al interior del proceso económico para atender sus necesidades. Esta relación social se soporta en: i) la existencia del fenómeno de la escasez; ii) la determinación del mejor uso de los recursos naturales y factores productivos, dentro del amplio conjunto de usos alternativos posibles y iii) la satisfacción de las necesidades humanas (Cuevas, 1993).

Así, puede establecerse que el proceso de producción social, tiene asociados dos tipos de relaciones, que permiten la obtención de los bienes y servicios que actúan como satisfactores de las necesidades de los individuos y la sociedad: i) la relación hombre- naturaleza, implicando que éste debe poseer un cierto grado de conocimiento sobre las dinámicas, fuerzas y leyes que rigen al interior de la naturaleza (Cuevas, 1993); debido a que éstas explican “[…] las condiciones –físico-biológicas, termodinámicas y ecológicas– de una economía sustentable” (Leff, 2004, p. 136) y ii) la relación social (hombre – hombre); la cual, surge del “hecho que el hombre como tal es un ser social, y por consiguiente, no puede existir un proceso de trabajo humano que no sea simultáneamente un proceso social, es decir, que no implique relaciones entre hombres” (Cuevas, 1993, p. 4).

A pesar, de la ocurrencia simultánea de estos dos conjuntos de relaciones, la Economía centró su objeto de estudio en las relaciones sociales, olvidando el conocimiento de la naturaleza. Esto es, la Economía, como otras ciencias sociales, ignoró “las condiciones de sustentabilidad ecológica sobre las cuales se organizan las culturas humanas” (Leff, 2011, p. 17-18). Es claro, que si bien las leyes naturales “subsisten independientemente y fuera de la conciencia y la voluntad de los hombres” (Schmidt, 1976, p. 112, citado en Leff, 2004, p. 27), se deben analizar “los comportamientos individuales y sociales ante las leyes límite de la naturaleza y las condiciones ecológicas de la vida humana” (Leff, 2011, p. 10). Este argumento, resulta de especial relevancia, si se considera que “ningún proceso económico puede ocurrir al margen de los servicios que prestan los ecosistemas” (Max- Neef, 2006, p. 23); esto es, el proceso económico toma lugar, de forma ineludible, al interior del sistema ecológico, caracterizado por ser abierto y finito y por tanto, está sujeto las dinámicas propias de la naturaleza (Leff, 2004).

Puesta en estos términos, la Ciencia Económica estaría centrada en dos elementos principales: i) el principio de racionalidad económica; bajo el cual, el agente económico (o homo economicus) realiza un proceso de toma de decisiones con el fin de maximizar su utilidad (Pedrajas, 2006) y ii) la existencia de un sistema de incentivos, comúnmente asociado al mercado que enmarca la interacción entre los individuos (Pérez, 2004). Por consiguiente, la Economía soportada en el principio de racionalidad económica, condujo a una separación total de sus desarrollos teóricos de la relación hombre- naturaleza y, por tanto, el impacto de la intervención del hombre en ésta, a través del proceso económico, fue reducido al nivel de una externalidad propia del sistema de organización de la actividad económica de la sociedad (Leff, 2004). Luego, “la racionalidad económica ha transformado al ser humano en homo economicus, despojándolo de su relación simbólica con la naturaleza para someterlo a la acción mecánica de las leyes del mercado.” (Leff, 2004, p. 135).

Esta postura, bastante reduccionista, desconoce que “la interrelación entre el hombre y la biodiversidad es infinita. La dependencia es algo que existe […]. No hay nación, ni pueblo o individuo independiente” (Vilela et al., 2005, p. 33, citado en Ovares y Torres, 2016, p. 7). Por tanto, se establece que existe un rompimiento entre “los procesos naturales (las leyes de la ecología y la entropía) y los procesos sociales (una racionalidad económica y social)” (Leff, 2011, p. 26). Luego, pareciera que el valor otorgado por un individuo al medio ambiente está soportado en sus preferencias; esto es, el valor (en su acepción económica) de un recurso natural estaría dado en función del impacto, derivado de su consumo o uso, que éste tenga sobre su función de utilidad o beneficio, según sea su rol: consumidor o productor (Martínez y Roca, 2015). Por tanto, es posible que ¿el valor otorgado a la existencia de los recursos naturales (o biodiversidad) emane de un ordenamiento moral o ético, alejado de la valoración utilitaria o marginalista?.

Lo anterior, abre la posibilidad que las elecciones económicas, tomadas por los individuos o miembros de una sociedad, no respondan de forma exclusiva a las señales emitidas por el mercado; sino que también, incorporen los estímulos provenientes del entorno jurídico, social, moral y político; esto es, del entorno institucional; entendido éste como: el conjunto de arreglos que “dan forma a la interacción humana [y] estructuran [los] incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico [y la relación de la sociedad con la naturaleza]” (North, 1995, p. 13). En este sentido, se establece que “la racionalidad económica [si bien] no puede subsumirse dentro de las leyes biológicas, [debe procurar…] incorporar los derechos colectivos, los intereses sociales y las normas institucionales para el manejo participativo y democrático de los recursos naturales” (Leff, 2004, p. 138). Estos procesos de articulación, dependerán “en primer lugar de las ideas, valores y creencias sobre el hombre, la sociedad, [la naturaleza] y el bien; en segundo lugar […] de las instituciones que […] configuran el marco […] en que los agentes toman decisiones” [Bejarano, 2000, p. 14].

Esta relación orgánica hombre-naturaleza debe soportarse en un esquema de derechos de propiedad colectiva; esto es, “un arreglo […] en el que un grupo de usuarios de recursos comparten derechos y deberes frente a un recurso. […] Se refieren por lo tanto a las instituciones sociales y no a las cualidades inherentes naturales o físicas […]” (McKean, 2000, citado en Guerrero y Gómez, 2014, p. 73). De esta forma, “los derechos humanos culturales y por la reapropiación de la naturaleza –los derechos comunales por los recursos comunes– se van ganando a través de procesos de cambio social” (Leff, 2004, p. 411). Luego, se plantea la transición del “egoísmo, el utilitarismo y la eficiencia [elementos característicos de la racionalidad económica] para volver directamente a los valores morales, […] dentro de un orden preciso no solo [de tipo] jurídico, económico y sociológico sino también ético [y en total armonía con el medio ambiente]”(Bejarano, 2000, p. 14).

Así, se concluye que “es importante […] en este caso la conducta ética, en el sentido de que deben establecerse unas normas favorables al medio ambiente” (Sen, 2013, p.322). Esto es, es preciso conducir la racionalidad económica a la incorporación de elementos, que le permitan transcender de una racionalidad instrumental pura; tales como: la ética, los valores morales, la cultura, las costumbres, la interdisciplinariedad, entre otros (Sen, 1993).


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