En El pasado, instrucciones de uso (2011), el historiador italiano Enzo Traverso dice que hay pocas palabras tan “mancilladas” como memoria. Su aparición en el campo de las ciencias sociales –según Traverso–, ha sido tan tardía que durante las décadas de 1960 y 1970 estaba casi por fuera de los debates teóricos que se libraban en el campo de las humanidades.
Y aunque, como dice Traverso, “no figuraba ni en la edición de 1968 de la International Encyclopedia of the Social Sciences (...), ni en la obra colectiva titulada Faire de l'histoire, publicada en 1974 bajo la dirección de Jacques Le Goff y Pierre Nora, como tampoco entre las Keywords de Raymond Williams”, años más tarde su uso se propagó en los debates teóricos en los que se abordaba el tiempo pasado.
Desde entonces, la palabra memoria ha sido motivo de una gran cantidad de asociaciones y definiciones. Memoria, memoria histórica, memoria colectiva, memoria social, post memoria, historia oral, historia del tiempo presente, memoria reflexiva… La lista de variaciones teóricas y analíticas a las que ha sido sometido el concepto resulta muy larga. Y su polisemia, cuando menos, confusa.
¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria en términos sociales, de relación intencionada con el pasado? Todo ello depende de cómo pueda ser usado el concepto, el contexto en el que se sitúa quien presenta una definición, y persiguiendo qué fines y qué intenciones políticas.
De ahí que haya tantas definiciones de memoria como posibilidades de usarla. Los Estados han promovido su propia definición con la intención de alimentar una identidad nacional (y legitimar el aparato estatal); los académicos, con el objetivo de agrupar y clasificar un amplio rango de fenómenos sociales y alcanzar consensos teóricos en torno al concepto; las instituciones y organismos vinculados a los modelos de Justicia Transicional, en sus definiciones, la han asociado tanto con el derecho de las víctimas de violaciones de Derechos Humanos a conocer la verdad, como con el deber que tiene la sociedad de recordar para no repetir, puesto que a ese uso adscriben la memoria; y la industria, por su parte, interesada en un uso empático de la memoria (cooperando incluso con los usos anteriores), para elaborar imaginarios capaces de alcanzar a grandes segmentos poblacionales y movilizarlos en términos ético/morales, ha establecido sus propias conceptualizaciones del término.
Sobre esto último, Norman Finkelstein (2014) plantea en su libro La industria del Holocausto una hipotética explicación, de la que se han nutrido muchos autores al abordar críticamente los discursos tejidos, nacional e internacionalmente, en torno a la defensa de la memoria. El autor plantea que, para el caso del Holocausto, un sector importante de la comunidad sionista se apoderó de un pasado traumático (y ajeno a la mayoría de ellos), para elaborar un discurso identitario capaz de cohesionar en torno a la idea de que el pueblo judío necesitaba una tierra propia no sólo a un sector importante de la diáspora judía, sino además a la práctica totalidad de la comunidad internacional con el poder necesario para sacar adelante una iniciativa de ese talante. Sobre un relato romantizado, fundado en sentimientos y coordenadas morales antes que en precisiones históricas, el sionismo construyó así una identidad grupal alrededor de la idea de judaicidad (excluyendo de ella a un buen número de judíos que se oponían a su discurso). La apelación constante al sufrimiento padecido por los judíos bajo el régimen nazi dio lugar a mitos fundacionales que acabarían convirtiéndose en la gran historia nacional del naciente Estado de Israel, y justificando hasta el día de hoy las conductas de dicho estado en contra de otras comunidades políticas.
Siguiendo a Finkelstein, autores como Rieff (2012), Cruz (2007) y el ya citado Traverso (2011), han transitado el camino de la relación entre memoria, industria y sociedad de masas para hablar de una “industria de la memoria”. Con esto han intentado referirse a un proceso que va de asuntos tan concretamente señalables como la museización y monumentalización, hasta otros mucho más difíciles de sistematizar, como películas, novelas históricas, autobiografías y otros tantos productos culturales que se ocupan del pasado en sentidos distintos de aquellos en los que lo hace la disciplina historiográfica. La proliferación de museos, monumentos, conmemoraciones, filmes de orden histórico (o pretensión, al menos), novelas fundadas en “hechos reales”, informes de memoria pensados para públicos masivos, canciones, documentales, exposiciones, obras de teatro, etc., respondería desde esta perspectiva a una revalorización del pasado cuyo origen puede rastrearse hasta la segunda posguerra y el surgimiento de la justicia transicional.
En ese momento histórico, los Tribunales de Núremberg, a donde fueron llevados los oficiales nazis para que confesaran todos sus crímenes en presencia de las víctimas sobrevivientes, fueron el escenario en donde nació el relato del mal mayor europeo (Todorov, 2000). La guerra fue mostrada con toda su crueldad a través de mecanismos judiciales para que el mundo occidental comprendiera que algo así no podría repetirse.
Esos juicios fueron justamente el embrión de lo que hoy conocemos como Justicia Transicional porque de allí emergieron varios de los principios que hoy se reivindican en el mundo como los requisitos mínimos para transitar de la guerra a la paz (Teittel, 2003). Posteriormente, durante la época de dictaduras del Cono Sur, en las que había victimizaciones verticales caracterizadas por el absoluto control de un Estado despótico, la idea de Justicia Transicional se vinculó cada vez más con la de reparar el Estado, esto es, de pasar de un sistema ilegítimo a uno legítimo. En ese escenario, los derechos de las víctimas se pusieron en primer plano, y uno de los que emergió con mayor fuerza fue el derecho a la verdad (Bervenage, 2015).
La justicia se puso en manos de instituciones internacionales para que garantizaran la imparcialidad y, con el mismo fin, la verdad se puso en manos de los historiadores. Se popularizaron las comisiones de la verdad, conformadas por académicos, historiadores o escritores, cuya responsabilidad era responder a las sociedades afectadas por la guerra la pregunta por el ¿qué pasó? De la mano de la propagación de este tipo de comisiones, también crecieron las concepciones que se tenían del concepto de memoria. Y se propagaron de tal manera, que hoy no hay un consenso entre las distintas comisiones que la han abordado.
Colombia no ha sido ajena a esta polisemia. Aquí el pasado violento ha intentado ser tramitado en la esfera pública a través de interpretaciones y demarcaciones fundadas primordialmente en el acto de nombrar al otro (nombrándose, por extensión, a sí mismo). Como plantea Gonzalo Sánchez, “delincuente, bandido, guerrillero, terrorista expresan ante todo relaciones de poder, que varían con el tiempo, con las funciones, con los escenarios y con los observadores” (Sánchez, 2014, p. 40). Es precisamente este carácter el que da a los usos de la memoria una importancia capital. No se trata de una reflexión teórica sin correspondencia con fenómenos sociales concretos, sino más bien de todo lo contrario: asumir una perspectiva particular respecto a la memoria (directamente ligada al uso que se le da), implica nombrar y comprender la realidad de una forma particular. Es por ello que, ante la proliferación de usos y definiciones del concepto, vale la pena preguntarse:
¿Cómo entender la polisemia de un concepto que, lejos de limitarse a ser invocado en discusiones de orden abstracto, incide y opera en iniciativas de memoria y procesos colectivos de enfrentamiento con el pasado cuya vigencia está lejos de caducar? O, en otras palabras, ¿qué condiciones políticas, sociales y metodológicas explican tal polisemia? ¿Nos enfrentamos a una aporía o discusión irresoluble? Ese es, pues, el problema.
