La brecha jurídica entre el derecho al retorno de los desplazados internos adoptado en el derecho internacional y el incorporado en el derecho interno colombiano, y las brechas política y social entre los dos anteriores y su puesta en práctica en Colombia y en Turbo entre 1997 y 2010, fueron determinadas por relaciones entre la política y el derecho que oscilaron desde la subordinación de la primera frente al segundo hasta la autonomía relativa entre los dos campos. En el plano internacional, las tensiones al interior del derecho al retorno institucionalizado en el sistema universal son resultado de la mayor influencia de la política hegemónica mundial en determinar su contenido respecto de la incidencia secundaria de los principios jurídicos del derecho global y de las políticas subalternas. No obstante, en la institucionalización en el sistema interamericano los factores jurídicos fueron autónomos respecto de los políticos gracias a la independencia de la CIDH. La vinculación de las tensiones internas del derecho internacional sobre el retorno con las disputas jurídicas y políticas domésticas por determinar su implementación en Colombia explican las brechas jurídica, social y política mencionadas. En el plano interno, la brecha jurídica entre el derecho al retorno institucionalizado como régimen internacional y el derecho interno colombiano fue mayor en la fase de implementación legislativa de las instituciones y mecanismos para garantizar el derecho al retorno debido a la supremacía de la política hegemónica en los poderes legislativo y ejecutivo, y a los menores contrapesos judiciales frente a estos. A la inversa, esta brecha jurídica fue contrarrestada principalmente en el contenido del derecho al retorno gracias al contrapeso judicial a las políticas hegemónicas movilizado por sectores subalternos en las fases de implementación legislativa y operativa, logrando sentencias favorables que abrieron oportunidades jurídicas y políticas para sus reclamos de retorno. A pesar de la intensa judicialización de la ejecución gubernamental en la fase de implementación operativa, las brechas social y política fueron profundas debido al predominio del bloque hegemónico en un marco político antagonista caracterizado por la yuxtaposición de estados de excepción configurados por el conflicto interno armado y de estados de normalidad institucional. Esta doble supremacía les permitió a las élites, respectivamente, restringir de forma violenta los resultados de la implementación favorables al retorno de los sectores subalternos y al mismo tiempo evitar adoptar la institucionalidad y decisiones administrativas necesaria para llevarlo a cabo. El derecho al retorno fue también un eficaz dispositivo simbólico para reconfigurar las identidades de los campesinos hacia las de víctimas y pobres urbanos funcionales a las políticas hegemónicas. Sin embargo, la modulación de la Ley 975 de 2005 por la Corte Constitucional abrió oportunidades jurídicas y políticas para el retorno subalterno como resultado de la crisis no orgánica del bloque dominante representada en las rupturas de los acuerdos no escritos entre jefes ex paramilitares y el entonces gobierno nacional propiciadas por esta sentencia. Bajo un proceso de expansión contra-hegemónica y de reconstrucción de las identidades políticas como campesinos, estas oportunidades fueron aprovechadas por desplazados de Turbo para movilizarse política y jurídicamente en defensa de su derecho a retornar motivados por el recuerdo de la vida campesina, el rechazo a la mala calidad de vida en recepción, la indignación por el desplazamiento y las expectativas de justicia despertadas por la Ley 975 de 2005. Al comparar las trayectorias del derecho al retorno en 5 corregimientos de Turbo, se encontró que la forma en que los desplazados movilizaron el derecho al retorno dependió principalmente de la forma del despojo, de la situación legal de los predios al momento del retorno y de la situación política micro-local del entorno de sus predios.