Actualmente, la ciencia atribuye a la alimentación un peso importante como proceso protector de la salud que condiciona el bienestar humano; la ingesta de frutas y verduras aporta para este bienestar y fortalece las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional. Esta asociación se ha fundamentado en la epidemiología, donde se ha establecido la relación entre alimentación y proceso salud-enfermedad en lo referido a estilos de vida y hábitos de los grupos poblacionales.
Los regímenes alimentarios y modos de vida adquiridos, han sido derivados de procesos de industrialización, urbanización y globalización de los mercados y han delimitado a su vez, el desarrollo socio-económico de los territorios, principalmente en la alimentación y el estado nutricional de la población, además de traer repercusiones desfavorables para la salud, en cuanto a disponibilidad de alimentos transformados y procesados
El reconocimiento dado a la alimentación ha pasado de ser una práctica individual y de patrones culturales asociados, a ser el resultado de procesos complejos enmarcados en un modelo mercantilista de competitividad, ocasionando cambios cualitativos y cuantitativos en los patrones de consumo con incidencia en el proceso de salud enfermedad denominada transición nutricional; Así, procesos de tipo estructural como reordenamiento territorial, ponderación de la producción agrícola local en las políticas públicas, medioambientales, de aculturación y conflicto armado, representan una limitación para garantizar el acceso y disponibilidad a una alimentación sana.
En Colombia, cerca del 43% de la población, enfrenta inseguridad alimentaria según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional ENSIN 2010 y con prácticas de nutrición tendientes al bajo consumo de frutas y verduras y preferencia por embutidos, comidas rápidas y alimentos industrializados. Estas políticas plantean programas asistenciales y focalizados en grupos vulnerables que, si bien son importantes en el corto plazo, no realizan transformaciones de fondo y enmascaran las problemáticas enmarcadas en una visión reduccionista. Se reconoce que los asuntos de salud son asuntos políticos, los bienes de producción definen los cursos de vida de las poblaciones y por ende determinan su proceso salud-enfermedad; las acciones y decisiones políticas deben permitir minimizar desigualdades en la distribución de los bienes de producción social y económicos, bienes que son determinantes de la calidad de vida y las condiciones de salud de las poblaciones.
Los estados deben garantizar el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para una vida activa y sana, además que su distribución sea equitativa y acorde a necesidades de la población. La soberanía alimentaria legitima el derecho a la alimentación, a través de modelos alternos de políticas que reconozcan y garanticen los recursos para producir alimentos, acceso a la tierra y control sobre las semillas y los mercados a los pequeños productores.
En el Valle del Cauca, y en Florida particularmente, se reconoce la vocación agrícola debido a la diversidad y riqueza en pisos térmicos y recurso hídrico que favorecería la disponibilidad de frutas y verduras, sin embargo, la supremacía del cultivo de caña de azúcar, además de otras situaciones como el alto flujo migratorio producto del conflicto armado interno y otras condiciones sociales y económicas no resueltas, limitarían de cierto modo el acceso y disponibilidad de estos alimentos.
En relación al consumo de frutas y verduras, los estudios en Colombia han sido realizados desde el enfoque de riesgo y estilos de vida individuales; dicho enfoque enfatiza en el ámbito individual del consumo sin explorar los procesos de origen estructural, que ligados a la cotidianidad de los colectivos, producen y reproducen modos de vida de una población particular.
Como objetivo general del estudio se planteó: Analizar los procesos de determinación social de la producción y consumo de frutas y verduras como proceso protector de la salud en el municipio de Florida, Valle, Colombia. En relación al método, el estudio se propuso, desde una mirada comprensiva y partiendo del enfoque de la determinación social de la salud propuesto por J. Breilh, explorar desde la dimensión general, de qué manera las políticas de seguridad alimentaria determinan el consumo de frutas y verduras en la población como proceso protector de la salud, y en la dimensión particular, cómo la dinámica de los actores participantes, en el marco de una estructura social y política, determina las decisiones e implementación de las políticas de alimentación, entre ellas la producción y consumo de frutas y verduras. Como técnicas de investigación se utilizó el análisis documental, entrevistas y grupos de discusión con actores clave; como técnica de análisis se utilizó el análisis de contenido. El estudio contó con el aval del Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia.
Resultados. En la dimensión general, las líneas de política exponen un discurso funcional a la lógica de producción y de libre mercado, carente de autonomía e indiferente a los procesos sociales, culturales y necesidades particulares de las poblaciones en los niveles locales, insertando a los pequeños productores al mercado global reduciendo cada vez las estrategias que promuevan el autoconsumo y auto sostenimiento, este patrón de acumulación obedece a un modelo extractivista que promueve la industrialización de los alimentos y desestimula la soberanía alimentaria como prerrequisito de la seguridad alimentaria.
Con respecto a la producción hortofrutícola en Florida, existe limitantes que ponen en juego la seguridad alimentaria, concerniente al uso y tenencia de la tierra y explotación de las fuentes hídricas, y en la localidad son usadas para el cultivo de caña de azúcar, obedeciendo a desigualdades propias del modelo agrícola monopolizado , este modelo incide en los modos de vivir de los campesinos y su distribución inequitativa así como el mal uso de los recursos naturales resultado de las relaciones histórico-sociales negociadas desde el sector político, ha ido transformando la vocación agrícola, la relación hombre y medio ambiente, construyendo acciones para la atención del problema inmediato o “ pico del iceberg” desatendiendo a la vez la complejidad de estos problemas estructurales
El conflicto armado afecta la seguridad alimentaria; las comunidades anhelan que los acuerdos de paz reestablezcan la justicia social y ambiental y la agricultura campesina; pero el estado continúa gestando normativas como la ZIDRES (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social ) que beneficia a los grandes empresarios e ingenios en cuanto a titularidad de las tierras, perpetuando las desigualdades y la acumulación irregular de predios que amenazan el campesinado floridano y su producción agrícola.
En la dimensión particular: se evidenciaron ejercicios de resistencia y soberanía alimentaria: las organizaciones colectivas (indígena y campesina), desarrollan el cooperativismo, como una propuesta contra hegemónica, en procura de transformaciones en los marcos de política, desde una perspectiva de Economía Social y Solidaria hacia un caminar de participación social que logre no solo la sostenibilidad social del medio rural sino un impacto genuino en la salud de la población. Estas dinámicas y condiciones histórico-sociales en las que se levanta la comunidad, generan transformaciones, modos de enfermar y morir, así como también procesos que protegen y promocionan la salud. Resalta también el papel protagónico de la mujer en la defensa de la soberanía alimentaria, en el trabajo agrícola y su aporte a la pervivencia de la sabiduría ancestral de la comunidad
Conclusión. Los hallazgos permiten concluir que la política alimentaria a nivel nacional y local, reconoce las determinaciones sociales de la seguridad alimentaria solo de manera discursiva, sus estrategias focalizadas y contingentes no plantean soluciones de fondo a condiciones contra vinientes como la concentración del uso de la tierra, la malversación de los recursos naturales, la mercantilización del campo; situaciones que limitan el consumo de frutas y verduras como proceso protector de la salud en la población. También se visualizan procesos protectores en relación al consumo de frutas y verduras que tienen que ver con la riqueza de tierras y recursos naturales y condiciones que tienen que ver con los ejercicios de defensa de la soberanía alimentaria y la creciente asociatividad para defender los cultivos propios y el autoconsumo de productos hortofrutícolas.