La pérdida de derechos sociales en México, resultado del proceso de desmantelamiento del estado de bienestar y la instauración de las políticas neoliberales, ha generado descontento y nuevos movimientos sociales. En los últimos años ha emergido de los movimientos sociales un sujeto político con múltiples caras, atravesado e identificado a partir de las demandas y exigencias en torno a las cuales se articula y crea identidades, tales como el movimiento por la libertad y diversidad sexual, el feminismo y los movimientos de mujeres, los pueblos indígenas, etc.

Lo que hace necesario no olvidad que dichos sujetos han surgido no sólo porque existan nuevas estructuras de oportunidades que les permiten aparecer y presentar sus demandas, sino también por que se han multiplicado las formas de violencia, exclusión y despojo a las cuales se enfrenta la sociedad. Las prácticas neoliberales han dado como resultado nuevos ciclos de despojo y explotación a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por ejemplo, el extractivismo minero, ha generado despojo de tierras, territorios y recursos a los pueblos indígenas y campesinos. Pero, además, y eso es lo que interesa a este trabajo, se persigue, encarcela, agrede, desaparece y asesina a los luchadores sociales que se presentan como opositores de dichas políticas y prácticas económicas, como lo atestiguan las notas periodísticas y los informes de organismos defensores de derechos humanos.

Ahora bien, la impunidad con la cual se cometen violaciones de derechos humanos contra activistas y luchadores sociales que ejercen su derecho a la protesta social contra las diferentes formas de despojo, choca directamente con el discurso de la legalidad y respeto a los derechos humanos que acompaña a las instituciones en México. En materia jurídica, en México ha habido un avance significativo en el reconocimiento de derechos humanos a nivel constitucional, como lo atestigua la reforma constitucional de junio de 2011, que eleva a rango constitucional todos los derechos humanos contenidos en el orden jurídico interno e internacional del cual México sea signatario. Sin embargo, el reconocimiento normativo no ha sido acompañado del acceso y garantía de los derechos humanos por parte de los sujetos políticos que, mediante la protesta social, exigen el cumplimiento de un derecho "reconocido" o el "reconocimiento" de un derecho negado o aún no reconocido constitucionalmente.

Este trabajo se articula en torno a la necesidad de comprender las circunstancias socio-políticas y económicas de la realidad actual, para comprender la relación entre las violaciones de derechos humanos y la legalidad afirmada discursivamente por las instituciones. Pues si bien, las demandas y mecanismos de protesta de los movimientos sociales requieren ser regulados para garantizar el llamado estado de derecho, diferenciando "mecanismos pacíficos" y "mecanismos violentos" de lucha social, jurídicamente está operando una confusión normativa que impide distinguir claramente entre ambos ámbitos, en demérito de todo movimiento social que contravenga los proyectos neoliberales aún en demerito del reconocimiento y garantía de los derechos humanos.

De tal manera que, si bien desde la sociología política, podemos comprender a los movimientos sociales como un elemento constituyente de las democracias modernas, en la medida en que por medio de sus demandas el derecho puede evolucionar y ampliar el reconocimiento de derechos, en la realidad contemporánea podemos identificar elementos institucionales (como el mismo aparato jurídico y legal), por medio de los cuales se busca combatir, ocultar, desarticular o deslegitimar tanto a los movimientos, como a sus demandas, mediante la criminalización de la protesta social, la legalización del despojo y la persecución de activistas y luchadores sociales.

En este trabajo se expondrán las lógicas ocultas en la aplicación del derecho, puesto que sólo a través de casos paradigmáticos (demandas del magisterio, movimientos campesinos e indígenas contra el extractivismo) se puede identificar como se ha legalizado el despojo de derechos y recursos a la sociedad y la criminalización de la protesta social. Criminalizar significa hacer pasar por delitos acciones que antes formaban parte del repertorio de la protesta social; argumentando vulneración de la legalidad, del orden o violación de derechos entre particulares, las autoridades encarcelan o persiguen a los luchadores sociales. Cabe destacar que la detención de luchadores sociales desarticula a los movimientos sociales y, muchas veces, modifica los objetivos y luchas de los mismos movimientos, quienes desplazan a segundo plano el derecho originalmente exigido para demandar la liberación de sus detenidos.

La legalización del despojo ante la cual reaccionan los movimientos sociales se puede encontrar en las leyes que regulan el uso y explotación de los recursos naturales Mientras que la legalización de la represión y criminalización a luchadores sociales se puede denostar a través de las llamadas "Leyes Bala", que, en palabras de Boaventura de Sousa generan una paradoja: “Los derechos humanos son así violados con objeto de ser defendidos, la democracia es destruida para salvaguardar la democracia, la vida es eliminada para preservar la vida” (De Sousa Santos, 2010: 24).