Colombia es un territorio que se enmarca dentro de la paradoja de la abundancia, pues a pesar de contar con una exuberancia de recursos naturales renovables y no renovables, en razón de lo cual ostenta una de las mejores matrices energéticas de la región, aun gran parte de su población se encuentra en condición de pobreza, reflejado entre otros aspectos, en la falta de acceso a los servicios públicos como acueducto, alcantarillado, pero especialmente energía eléctrica; provocando así, graves limitaciones en el goce de los derechos fundamentales y garantía de una vida digna, pero que bajo un estudio más detallado evidencia las grandes brechas de desigualdad y exclusión que enfrentan la mayoría de sus habitantes.

Como muestra de este panorama se encuentra la costa pacífica compuesta por el Chocó biogeográfico, integrado por los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, regiones en las cuales convergen tres factores a saber: primero, la sorprendente biodiversidad y la gran variedad de ecosistemas, al contar con grandes extensiones de bosques húmedos, recursos pesqueros, minerales y petroleros. Como segundo factor y en contraste al anterior, se vislumbra la pobreza de su población, al tener las tasas más altas de desnutrición infantil, analfabetismo y necesidades básicas insatisfechas frente al resto del país. Y finalmente, como tercer aspecto, se evidencia el predominio de habitantes afrodescendientes y territorios negros ancestrales, de ahí que, de acuerdo a estadísticas arrojadas en el último Censo Nacional, más del 80% de las personas concentradas en esta región auto reconocen su herencia africana.

Sumado a ello, desde la esfera energética el pacífico colombiano se enfrenta diversas problemáticas derivadas de una economía extractivista asociada principalmente a la sobreexplotación de los recursos naturales no renovables como el carbón, el oro e hidrocarburos, provocando fuertes impactos ambientales y el aceleramiento del cambio climático, pero sobre todo que ha generado graves lesiones a la estructura social de estas comunidades quienes han habitado de manera histórica estos espacios, concibiendo a la naturaleza como un bien común, enfrentándose hoy en día a amenazas y desplazamientos masivos, desconocimiento y vulneración de sus derechos, al igual que un olvido por parte de las Instituciones estatales para atender los requerimientos de estos territorios.

El sector de la energía eléctrica, no se exime de tal realidad, pues en él se desarrollan desigualdades y exclusiones manifiestas en la cobertura y acceso al servicio público en mención. Dicho factor obedece a que el mismo se desarrolla mediante el Sistema Interconectado Nacional, cuya cobertura es limitada, dividiendo al territorio nacional en dos zonas: aquellas que tienen acceso a la electricidad a través del Sistema en comento, denominadas como Zonas Interconectadas, y por otra parte, aquellos municipios, corregimientos, localidades y caseríos no conectados a dicho sistema, denominadas Zonas No Interconectadas, las cuales según cifras recientes abarcan alrededor del 52% del territorio Nacional; que incluyen 17 departamentos, 5 capitales departamentales, 39 cabeceras municipales, 90 municipios, 20 territorios biodiversos y fronterizos y 1448 localidades, dentro de los cuales se encuentran incluidos los cuatro departamentos de la cuenca del pacifico, y especialmente las ciudades habitadas mayoritariamente por afrodescendientes; generando como consecuencia limitaciones frente al acceso y creación de nuevas fuentes de empleo, vivienda, eliminación de la pobreza, así como restricciones en el pleno ejercicio de derechos tales como vida digna, educación, salud, pero sobre todo la igualdad.

De dicho diagnostico se tiene que en los lugares donde hay cobertura, el servicio es deficiente teniendo como principal fuente de abastecimiento la generación a partir de fuentes no renovables a través de la utilización de plantas diésel, aunado a los altos costos del servicio en comparación al promedio del Sistema Interconectado Nacional y recibiendo la mitad de horas de servicio al día.

En otras palabras, estos territorios se han caracterizado por un evidente abandono estatal, no solo reflejado en el suministro de energía sino también de diversos servicios públicos, los cuales a la luz de la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios) se deben garantizar de manera continua, ininterrumpida y eficiente a todos los ciudadanos.

Pese a que el Gobierno a partir del año 2001 declaró como “un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional” el uso de energías renovables dentro del territorio nacional con la expedición de la Ley 697, reiterando tal disposición en la Ley 1715 de 2014, a nuestros días se evidencia que el propósito buscado de “asegurar el abastecimiento energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales.” no ha sido alcanzado a plenitud, aun sabiendo que el impulso de este tipo de medidas permitiría mitigar las problemáticas antes señaladas.

De esta manera se puede evidenciar como el ambiente ha sido instrumentalizado desde dos escenarios, por una parte, ha gestado demandas de reconocimiento de derechos, y por otra se ha consolidado como lugar de generación y amplificación de desigualdades, siendo la raza desde una perspectiva interseccional el factor fundamental para entender dicho fenómeno, y reconocer así la relación directa entre el deterioro ambiental, el aumento de la pobreza y su carga desproporcionada sobre los segmentos más vulnerables de la población.

En este sentido, la presente ponencia tiene como objetivo analizar el panorama de la energía eléctrica de la costa pacífica colombiana, así como el rol de las energías alternativas renovables para mitigar la situación de desigualdad ambiental, la exclusión de las comunidades afrodescendientes, y promover el desarrollo y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales existentes en sus territorios.