Ubicados en la frontera entre Colombia y Ecuador, específicamente en el piedemonte occidental del departamento de Nariño y, desde hace varios años también, en el departamento del Putumayo; el pueblo Inkal Awá ha enfrentado en este siglo los desafíos más álgidos del conflicto colombiano.
El territorio Inkal Awá se encuentra en medio de la zona con más cultivos de coca a nivel mundial y, por tanto, en medio de la confrontación que ha generado la lucha antidrogas. Han confluido ahí el régimen impuesto por grupos armados como las FARC que después del acuerdo de paz en 2016, y su posterior desmovilización, abandonó la zona dando lugar a una disputa por el control territorial entre varios grupos armados: el Ejercito de Liberación Nacional ELN, las llamadas bandas criminales ligadas al narcotráfico o herederas de los llamados paramilitares y grupos armados emergentes cooptados por o vinculados a carteles de narcotráfico mexicanos; a este panorama se suma explotación minera ilegal, un negocio de escala transnacional también. Todo en medio de una débil presencia del estado.
Entonces en territorio Inkal Awá se dan lugar dos disputas globales: la llamada lucha contra las drogas, el narcotráfico o la siembra de cultivos “ilícitos” y la minería “ilegal”, además de la disputa permanente por el reconocimiento de los pueblos indígenas frente al estado.
En su mayoría dispersos en la selva del piedemonte occidental, el pueblo Inkal Awá ha vivido en medio de un contexto de violencia creciente a lo largo del siglo XXI; esto ha exigido de la organización indígena afianzar sus estrategias de resistencia e interpelación ante el asedio constante por parte de los grupos violentos e incluso de las autoridades estatales. La descripción de algunos hechos reafirman esta idea: en 2004, la zona rural de Ricaurte fue bombardeada por la fuerza aérea colombiana. En 2005 la organización indígena denunció detenciones arbitrarias por parte de la policía, y asesinatos por parte del ejército, además de muertes por minas antipersonales y el desplazamiento de cerca de 600 personas hacia Ricaurte y Altaquer. En total en ese año el número de personas desplazadas ascendería a aproximadamente 1400. En 2006 un bombardeo aéreo afectó el centro educativo de Magüí, provocando nuevos desplazamientos.
En 2007 la defensoría del pueblo, emite una resolución en la que se considera que la acción del estado ha sido insuficiente, dado la constante violación a los derechos a través del hostigamiento, las desapariciones y asesinatos por parte de los actores del conflicto armado que había causado el desplazamiento forzado de más de 3000 indígenas; mas las afectaciones producto de la política antinarcóticos a través de la fumigación aérea, la incursión de megaproyectos de infraestructura y económicos en los territorios indígenas sin previa consulta, la incursión y control territorial por parte de los grupos armados ilegales. La resolución insta a realizar acciones concretas y a atender el estado de cosas descrito a cada una de las instituciones del estado, a nivel municipal, departamental y nacional e incluso a los organismos internacionales de derechos humanos.
En 2008, según el observatorio del programa presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, se reportaban aproximadamente 12 000 las personas desplazadas en municipios habitados por indígenas Inkal Awá.
El 9 de febrero de 2009, en el resguardo Tortugña-telembí, en el departamento de Nariño, fueron asesinados 11 indígenas, entre ellos 2 mujeres que se encontraban a punto de dar a luz. La mayoría de los asesinatos fueron cometidos con cuchillos y machetes. Meses después, el 26 de agosto del mismo año, un grupo armado asesinó a 13 indígenas Inkal Awá en el resguardo de gran Rosario, a 80 km del municipio de Tumaco, también en el departamento de Nariño. Entre las victimas hubo nuevamente niños, algunos con tiros de gracia (en la cabeza). Estas dos masacres fueron quizá las que escalaron el asunto a otros niveles.
Poco antes de la masacre de Tortugña-telembí y ante la evidencia de la violenta realidad que padecían los indígenas, la Corte Constitucional emitió el auto 004 que tiene por objeto “proteger los derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado o en riesgo de desplazamiento forzado”, por supuesto, junto a muchos otros, el pueblo Inkal-Awá estaban entre los pueblos para los que se demandaba protección.
La sistemática violencia que se recrudecía en el departamento de Nariño, y se hacía casi exclusiva sobre el pueblo Inkal Awá, atrajo la atención de la llamada comunidad internacional. En el departamento de Nariño se emplazó casi todo el sistema humanitario de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja, reconocidas ONG internacionales como el Consejo Noruego para los Refugiados, save the children, y otras agencias de Cooperación Internacional: la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional ACDI, la agencia estadounidense para el desarrollo USAID, entre otras; a través de proyectos ligados a la restitución de derechos, la construcción de ciudadanía, el apoyo a grupos minoritarios (indígenas, campesinos, y comunidades negras) y proyectos de producción económica.
Pese a la intervención de todas estas instituciones la situación de los indígenas Inkal Awá no cambió sustancialmente. En 2011, se envía comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dado el estado de cosas ya descrito. La CIDH emite medidas cautelares para este pueblo indígena. Frente a esto, la Corte Constitucional emite un auto de emergencia y de manera cautelar, el 174, en el que demanda la adopción de medidas cautelares para la protección de los derechos fundamentales, esta vez, exclusivamente para el pueblo Inkal Awá. Y así, salvo algunos intersticios, durante el proceso de paz, este territorio continúa asediado por la violencia; los grupos armados cambian de nombre y de acento, el narcotráfico parece atizar el conflicto, la estrategia estatal es lenta y la política global contra la coca parece condenada al fracaso. La organización Inkal Awá pese a lo dramático de la situación o con ella, ha logrado escamotear en medio de la crisis, afianzando liderazgos, conjurando las disputas internas, articulándose competentemente con los discursos jurídicos, políticos, estatales y globales y, por supuesto, afianzando su lugar como indígenas.
Esta ponencia analiza las estrategias incorporadas y las consecuencias no planeadas de las resistencias, las disputas y las confrontaciones para la organización indígena en términos étnicos (la reivindicación de lo indígena) y políticos (el posicionamiento frente al estado y el contexto global). Mi punto de partida es que ahí, en esas disputas, resistencias e interpelaciones es donde podemos rastrear las trazas del futuro político global, en términos del posicionamiento de las diferencias, de la democratización de las tensiones políticas, del estado y la globalización.