Se abordan las dinámicas de articulación social y resistencia que mantienen las comunidades eclesiales de base en la frontera Chiapas-Guatemala. Se busca mostrar las posibilidades que desde la fe logran promover acciones de resistencia y organización social, así como de construcción de comunidad en sociedades golpeadas por la marginalidad y la pobreza.

Esta ponencia se compone de dos ejes. En el primero expongo las características de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, una que optó por los pobres desde el Concilio Vaticano II, y que actualmente se organiza, a través de una red de católicos, llamada Pueblo Creyente, en defensa de los territorios indígenas y de los derechos humanos, al tiempo que mantiene un discurso que privilegia la sustentabilidad productiva en Chiapas. Dicha organización puede ser vista como un espacio de reivindicación indígena-campesina, única en su tipo en todo México, pues aglutina a miles de participantes en torno a la movilización política desde la fe; pero sobre todo con base en aspiraciones de organización autonómica, ya que son adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, impulsada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Lo expuesto sobre esta organización, lo articulo con el segundo eje, en el que trato de exponer el proceso de producción de una franja fronteriza controlada en torno al límite internacional Chiapas-Guatemala. Me centro en el caso específico de dos municipios chiapanecos: Frontera Comalapa y Chicomuselo, que se han visto afectados por la producción de la franja fronteriza. El primero con el hacinamiento de la migración centromericana, que no encuentra oportunidades laborales, el incremento de la delincuencia organizada y la falta de una estructura social que permita la articulación de la sociedad civil en torno a la resolución de sus problemáticas. En el vecino municipio de Chicomuselo, por su parte, se observa la incentivación de exploraciones para la explotación minera y el incremento de la inseguridad por la construcción de un cuartel militar. Ambos contextos son resultado del blindaje de la frontera, una que ha comenzado a endurecerse a partir de 2012, cuando se dio a conocer el Programa Frontera Sur, por parte del gobierno mexicano, y con el que se han instalado nuevos dispositivos de control migratorio.
El Pueblo Creyente, a través de la parroquia del Santo Niño de Atocha, en Frontera Comalapa, y de la parroquia de San Pedro y San Pablo, en Chicomuselo, suponen unas de las pocas opciones, sino es que las únicas, en ofrecer propuestas de articulación social y de resistencia ante el despojo, la discriminación espacial y social, que han detonado la producción de la franja fronteriza contralada. Entre otras estrategias, la de Comalapa se ha propuesto restablecer el tejido social a través de la organización de la fiesta patronal, que permite que los vecinos se conozcan, compartan espacios y construyan redes solidarias; por otra parte, han construido un centro de apoyo migrante, organizan sesiones de salud natural y promulgan un cristianismo feminista. En la de Chicomuselo, han organizado comités de derechos humanos por comunidad, construido comisiones de vigilancia, firmado acuerdos ejidales en contra de la venta de terrenos a las compañías extractivas y han logrado expulsar la minería de su territorio.

Ambos proyectos, aunque distintos, derivan de un pasado común donde la iglesia se involucró en demanda de reparto agrario, en apoyo al refugio guatemalteco durante la década de 1980, en las movilización de resistencia en contra del festejo de los 500 años del encuentro de dos mundos, en apoyo al EZLN, en favor de la reivindicación de los derechos de las mujeres, y en favor de la defensa de la Madre Tierra. Es un caso interesante la posición que hoy día toma esta corriente del catolicismo posconciliar en ante el panorama de producción fronteriza.

Sin pretender una defensa apologética de la fe, se busca mostrar de manera comprensiva cómo ésta puede generar auténticas expresiones de resistencia socia.