Introducción
En las últimas décadas, desde las agendas públicas, independientemente de las inscripciones político ideológicas, los gobiernos latinoamericanos han promovido el desarrollo de políticas vinculadas a megaminería, fracking, sojización, turismo de lujo, agronegocios, mega proyectos inmobiliarios; “figuras extremas” del “modelo extractivo” en esta fase del capitalismo.
Concomitante a esta tendencia, también en el ámbito pedagógico se generan políticas específicas que entraman las lógicas empresariales vinculadas al extractivismo con las políticas educativas. Situaciones bien concretas como el Programa Agua segura que a través de acciones del Consejo Provincial de Educación de Neuquén habilita la promoción de PanAmercian Energy en las escuelas rurales, o el Convenio de asistencia técnica entre la Compañía Tierras Sud Argentino S.A. (Benetton) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires dan cuenta de cómo desde los intereses extractivistas se diseña e implementa una nueva agenda de políticas educativas.
A partir del inventario de estos y otros casos que analizamos desde el proyecto de investigación denominado “Políticas educativas, trabajo docente y extractivismo: situaciones de disputa en la Norpatagonia a inicios del siglo XXI”, nos interesa presentar en este Foro ciertas “novedades” en la agenda de políticas educativas. La lucha por la hegemonía que se territorializa en derredor al extractivismo penetra capilarmente en el espacio educativo, redefine las perspectivas desde las que se aborda el conocimiento e interpela al trabajo docente.
Metodológicamente desde una lógica cualitativa hemos trabajado con el relevamiento y análisis de normativas, documentos gremiales, empresariales y oficiales, páginas web, artículos periodísticos, fotografías e informes de responsabilidad social empresarial. También mantuvimos contacto con informantes claves y realizamos entrevistas a docentes y referentes sindicales.
Cuando hablamos de extractivismo nos referimos a “un patrón de acumulación basado en la sobreexplotación de recursos naturales –en gran parte no renovables– y en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados ‘improductivos’” (Svampa y Viale, 2015:16). Este modelo instala una dinámica vertical que tiende a reconfigurar el territorio y se expresa a través de megaproyectos. A su paso destruye economías regionales, biodiversidad y profundiza el proceso de acaparamiento de tierras, expulsando o desplazando comunidades rurales, campesinas o indígenas, a la vez que violenta procesos de decisión ciudadana. Es en esta dinámica de creciente militarización de los territorios, criminalización de la protesta social y estrechamiento de los límites de la democracia, que se encuadran los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en la Patagonia argentina.
Sobre pilares, modalidades y redes de la nueva agenda educativa
Específicamente observamos que la actual agenda que nos proponen tanto el Estado, como los denominados think tank y los grupos empresariales, se sostiene sobre la premisa del desarrollo sustentable. En ese sentido, se reedita la concepción del progreso ilimitado, mientras se continúa con la lógica del saqueo territorial y epistémico. Los sectores que definen las políticas públicas, y las educativas en particular, necesitan construir la ansiada licencia social para justificar la avanzada extractivista y para ello la escuela pública, vuelve a ser un territorio elegido.
En las denominadas zonas de sacrificio, como lo es la Patagonia, evidenciamos una multiplicidad de formas en las cuales las redes de política inciden en las instituciones escolares, en las experiencias epistemológicas y en la formación de los trabajadorxs docentes. Diferentes fundaciones, organizaciones y empresas financian, prescriben y definen cuestiones curriculares, con la articulación estratégica del Estado broker. Así vía Ministerios, Consejos y Universidades se delinea el perfil de una nueva agenda de política educativa que proyecta como horizonte los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del Pacto Global. Las recomendaciones del Pacto Global se centran en el discurso de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) asociando derechos humanos, estándares laborales y medio ambiente. Este trípode funciona como una forma privilegiada de construcción de legitimidad social, que a través de agencias especializadas se extiende desde las empresas hacia la comunidad (Fígari y Giniger, 2014). Entonces se considera que las acciones de esta política pública serán bienvenidas porque en ellas no sólo intervienen accionistas, proveedores, consumidores y trabajadorxs vinculados a las empresas, sino también comunidades de emplazamiento, Estado e instituciones públicas y privadas.
La filantropía estratégica –modalidad muy presente en el ámbito pedagógico- funciona como filosofía moral de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y se anuda perfectamente con la lógica del desarrollo sustentable. En esa trama la “narrativa del desarrollo” moldea e impregna la política educativa, girando sobre una triple hélice: el desarrollo sustentable, la necesaria gobernanza y la RSE. Estos tres pilares se imbrican profundamente con el campo pedagógico.
Bajo la bandera de la Alianza Público Privada, las redes de política, consolidan un proceso de privatización “encubierta” cuyo escenario necesario es el desfinanciamiento de la educación pública por parte del Estado, que da lugar privilegiado a la empresa social. Así, asociados a los emprendimientos extractivos encontramos programas y proyectos de diseño y construcción de infraestructura escolar sostenidos directamente por las empresas, que tienen al mismo tiempo una nueva oportunidad para exhibir tanto la generosidad y preocupación social, como la eficacia y eficiencia del mundo empresarial.
La fuerza privatizadora se articula con la posibilidad de usar las escuelas como espacios de construcción de la mentada licencia social. La reciente firma del Acuerdo Federal Minero en Argentina muestra la directa intromisión de las empresas en las curriculas escolares. De todos modos no se trata solamente de la difusión de la narrativa del desarrollo en clave didáctica, sino de una pluralidad de formas: vía financiamiento, injerencia en lo curricular, presiones en la formación docente, etc. Básicamente se busca fomentar el clientelismo empresarial con distintas iniciativas concretadas a favor de la comunidad con programas de apoyo escolar, becas, padrinazgo de escuelas, etc. En esta línea analizamos uno de los casos quizás más paradigmático: la entrega de fondos de Minera La Alumbrera a las universidades públicas. Los debates que se produjeron en el ámbito universitario visibilizaron la dimensión ética y política que atraviesa a la nueva agenda. Creemos que es imprescindible profundizar las líneas de investigación que -desde el pensamiento crítico- tensionan la naturalización del vínculo de las Universidades públicas con las empresas extractivistas.
La relación educación/extractivismo se reedita en cada propaganda gubernamental donde se difunden los “favores” que se brindan gracias a las regalías hidrocarburíferas.
Así, el desfinanciado y necesitado sistema escolar se dotaría de recursos con “los benéficos fondos petroleros”. Prima una lógica privatizadora que se centra en un plan sistemático en el cual las necesidades de las instituciones quedan entrampadas en una maraña de definiciones que son resueltas por la alianza público privada. Es desde esta perspectiva que analizamos cómo la agenda de política educativa asocia el derecho a la educación a los derrames del extractivismo.
Otro formato de la privatización, no tan novedoso, radica en la generación de oportunidades buscando la fidelización directa del estudiantado y sus familias a través de políticas focalizadas de asistencialismo meritocrático. Becas y premios, ferias y olimpíadas destacan los logos empresariales de la megaminería, la sojización o el fracking, como símbolo positivo de la influencia empresarial que “hace posible lo que parecía imposible”.
Tal como afirma Stephen Ball (2011:32) las heterarquías del nuevo Estado “están conectadas por un conjunto diverso de intercambios y relaciones: asociación, patrocinio, consultoría, tercerización, filantropía.”
Algunas reflexiones finales
Entendemos que la agenda actual de la política educativa va en sintonía con la denominada “nueva pedagogía de la hegemonía” (Neves, 2009) poniendo de manifiesto variadas y particulares estrategias privilegiadas por el capital para educar el consenso. El Estado asume cada vez más su papel educador promoviendo la reforma intelectual y moral adecuada al proyecto de sociabilidad que pretende imponer, articulando las redes políticas del modelo extractivo con el campo educativo
En estos espacios de discusión y análisis crítico nos parece necesario reflexionar sobre los sujetos, formas y estrategias de la nueva agenda de políticas educativas que se juegan en esta subordinación del proceso educativo a la lógica extractivista.