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7 de junio. Manny Armenta lo miró con sus propios ojos: el desalojo de la mina de Cananea no fue pacífico, como dice la Secretaría de Gobernación. “Yo fui de quienes propuso a la gente replegarse al edificio del sindicato; había mujeres, niños, muchos jóvenes. Hasta ahí fue la policía a echar gases lacrimógenos, y la gente se tuvo que salir por las ventanas.” En la funeraria cercana se suman otros testimonios. El muerto se quedó solo porque los deudos salieron con los ojos llorosos por los gases de la Policía Federal (PF). Mineros, lugareños y periodistas atesoran cual souvenirs los restos de la desigual batalla: casquillos de bala de distintos calibres, cilindros de gas lacrimógeno, bolas de metal lanzadas con quién sabe qué. En la calle que conduce a la entrada principal de la mina de Cananea los rastros de la batalla son piedras sobre el pavimento y dos vidrios rotos en una mueblería abandonada, cuya propiedad se atribuye a familiares del gobernador panista Guillermo Padrés, oriundo de este lugar.

Arturo Cano