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El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) se creó en mayo de 1946. Ninguna otra institución estatal encendió tantas polémicas y críticas desde múltiples sectores. En la actualidad, con la perspectiva histórica que poseemos, emerge como el intento más contundente por nacionalizar la economía e independizarla de los centros financieros internacionales. Con sus avances y retrocesos fue el instrumento a través del cual el Estado argentino tomó parte de las ganancias generadas por el comercio exterior y las utilizó, con criterio estratégico, en aquellas áreas donde el país más lo necesitaba para lograr un desarrollo autónomo. A la luz de las recientes experiencias neoliberales, el objetivo peronista de la primera época adquiere nuevos e inéditos valores: su idea originaria posee aún plena vigencia. La nacionalización del comercio exterior respondería a varios imperativos: a) controlar el accionar ilegal de las empresas agroexportadoras e importadoras; b) restringir la fuga de capitales; c) disociar los precios internacionales de los locales; d) proteger la producción local; e) obtener precios favorables para la producción argentina ante el cambiante y complejo contexto geopolítico; f) regular las importaciones; g) prevenir la “restricción externa”; h) fiscalizar el nivel de precios de los bienes de consumo básico; i) impedir la concentración del poder económico en pequeños grupos, circunstancia que atenta contra el sistema democrático; j) contener la inflación interna; y k) capitalizar al país. En síntesis, nacionalizar el comercio exterior nos permitiría romper el círculo de endeudamiento y vulnerabilidad externa al que estamos sometidos. La cuestión está relacionada al permanente deterioro social y resulta tan crucial que no puede dejarse en manos de unas pocas empresas privadas transnacionales que tienen intereses opuestos a los del pueblo argentino.